Narcos extranjeros dominan la frontera del Putumayo
Martes 3 de abril del 2018, Loreto. Después de escuchar gritos y amenazas, los moradores de Puerto Véliz oyeron un disparo y la huida de varios hombres con acento extranjero. Llomar Garcés, de 17 años, fue encontrado tendido en el suelo. La bala le atravesó la mejilla y le salió por la boca. Estaba vivo. Estaba aterrado.
Puerto Véliz es un caserío del distrito de Teniente Manuel Clavero (provincia de Putumayo). Se ubica muy cerca del río Putumayo, la frontera natural con Colombia. En esta zona abundan los grupos armados vinculados a la producción y tráfico de drogas, principalmente hacia Tabatinga (Brasil). Ellos disputan el control del territorio con disidentes de las FARC. Se los conoce como grupos armados organizados residuales (GAOR).
A menos de dos horas de Puerto Véliz se ubica Laguna Pacora, donde abundan los laboratorios de cocaína. Uno de los jefes de los GAOR se llamaba Richard Llori. Tenía cédula de identidad colombiana, pero además DNI peruano. Él mandaba en toda la zona.
Días antes, el hermano de Llomar, Fabio Garcés, de 21 años, había escapado del GAOR que lo había reclutado con engaños y amenazas. Los cabecillas le avisaron que si huía lo matarían o atacarían a su familia. Él escapó y navegó durante tres días en el Putumayo. Llori ordenó entonces atacar a Llomar.
El 6 de abril, Fabio se refugió en el cuartel de El Estrecho, y se presentó al servicio militar voluntario. Allí colaboró con los oficiales de inteligencia. Les contó todo lo que vivió aquí y allá, en las orillas del río.
Días después, el 15 de abril, Neider Machacury, colombiano de 19 años, fue detenido en otro sector de Teniente Manuel Clavero, cerca de un colegio. Su misión era reclutar jóvenes para sumarlos a los GAOR.
Tres días antes de la captura del colombiano, una mujer de iniciales S.R.L. denunció a la policía que la noche anterior un cuñado suyo, menor de edad, había sido llevado a la fuerza a un sector llamado Basurero (todo en territorio peruano), donde se topó con 11 hombres encapuchados y armados. Le dijeron al menor que debía regresar con más jóvenes, o lo asesinarían. Apenas regresó a casa, se lo contó a su cuñada. Tras la denuncia, la policía reforzó la vigilancia en la zona y así fue atrapado Machacury.
Este hecho encendió todas las alarmas. El general EP César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, reconoce que todas las autoridades políticas y militares se pusieron en alerta: la incursión de delincuentes organizados desde un país vecino no es poca cosa.
En julio de ese mismo año, el Gobierno Peruano decretó estado de emergencia en toda la provincia de Putumayo. Ese mismo mes, se destruyeron varios laboratorios de droga y fueron detenidos más de 40 colombianos. Uno de los capturados era Richard Llori.
“Desde que tomamos conocimiento de que en la frontera del Putumayo teníamos problemas de seguridad por incursiones de ciudadanos de Colombia y Ecuador, se determinó la necesidad de una intervención”, dijo el presidente Martín Vizcarra cuando terminó el operativo Armagedón I.
Esa misma mañana, el entonces alcalde de Putumayo, Segundo Julca, conversó con este Diario. Él no estaba en la frontera, sino en Iquitos, y tenía mucho temor de regresar a su provincia por las amenazas que había recibido vía mensajes de texto: “No creas que me he olvidado de ti […] Acá todos te conocemos […] Te estás salvando, tienes muchas vidas […] De esta semana no pasas…”.
En total ha habido cuatro operativos Armagedón, el último de ellos en octubre del 2019, y en todos se hallaron cultivos de coca, laboratorios de droga, insumos y armas.
Desde mediados del 2018, el fuego cruzado en la frontera de Putumayo aumentó en intensidad y también en daños. Recientes hechos lo demuestran.
El 11 de febrero, el policía peruano Anthony Santillán almorzaba con su familia en Tabatinga. Era su día de descanso. Un sicario entró caminando al restaurante y lo mató de un disparo en la cabeza. Él había trabajado en la Policía Antidrogas en Iquitos, y se sospecha que su asesinato fue una venganza de las mafias que pululan en la frontera.
Al día siguiente, seis cadáveres aparecieron en Puerto Lupita, en la orilla peruana del Putumayo, frente a la ciudad de Puerto Leguízamo (Colombia). Eran cinco colombianos y un brasileño torturados y luego ejecutados. Algunos recibieron hasta diez balazos.
Tres días después, el 15 de febrero, A.C.N., un morador de la localidad de Nuevo Peneya, en el distrito de Teniente Manuel Clavero, acudió a la base militar de Soplín Vargas para rogar que lo protegieran: dijo que había sido amenazado de muerte por colombianos que manejan los cultivos de coca y los laboratorios de cocaína cerca del área donde vive.
Un oficial militar de inteligencia destacado en la zona desde hace años lo resume con pocas palabras y muchos temores: “Esta frontera es de ellos”.
(El Comercio, 1 de marzo de 2020. Especial web aquí )
Las fronteras de la droga
En mayo del 2010, un equipo de este Diario visitó Güeppí, un pueblo que está literalmente en los extremos del país, y no solo en un sentido geográfico. Esta localidad perteneciente al distrito de Teniente Manuel Clavero, en la provincia loretana de Putumayo, se ubica frente a Colombia. Esta cercanía rige la vida del pueblo para bien y para mal: la mayoría de productos que había en la única bodeguita se pagan –carísimo- en pesos colombianos; además, una gran parte de los alumnos del colegio Tres Fronteras proviene de ese país. Pero hay también una presencia silenciosa, que cada cierto tiempo se convierte en un problema.
Ocho años después, el 15 de abril pasado, Neider Jhonny Machacury Jota, un colombiano de 19 años, soltero y con educación primaria incompleta, fue detenido por la policía a pocos metros de un colegio estatal en la localidad de Soplín Vargas, otro sector de Teniente Manuel Clavero. En la investigación posterior del Ministerio Público, el equipo que viajó a la zona encontró que la situación era aún más alarmante de lo que ya parecía.
El 12 de abril, tres días antes de la captura de Machacury, una mujer de iniciales S.R.L. denunció a la policía que la noche anterior un cuñado suyo, menor de edad, había sido obligado a acudir a una casa abandonada por exigencia de una mujer conocida como ‘Magaly’. Lo llevaron luego a un sector llamado Basurero (todo en territorio peruano), donde se topó con 11 hombres encapuchados y armados. Le dijeron al menor que debía regresar con más jóvenes, o lo asesinarían. Apenas regresó a casa, se lo contó a su cuñada. Tras la denuncia, la policía reforzó la vigilancia en la zona y así fue atrapado Machacury.
Semanas antes, el viernes 9 de marzo, un hombre cuyas iniciales son F.G.C. jugó un partido de fulbito con varios vecinos, como preámbulo de lo que parecía un fin de semana tranquilo. En la cancha de fulbito también estaba Richar Abarca Lloris. Terminado el partido, comenzaron a tomar. En algún momento de la tarde, con algunas cervezas encima, Abarca le preguntó a F.G.C. si quería unirse “a la guerrilla”, y le dijo que le iban a dar dinero y armas. En otro momento, F.G.C. se quedó dormido; cuando despertó, estaba en un punto cercano al pueblo de Pacora. Se asustó. Fue llevado hasta un sector donde lo recibieron ocho hombres armados. Según lo que F.G.C. contó, el jefe del grupo dijo: “Uno más que se une”. Él se negó, dijo que quería regresar porque tenía familia. El jefe del grupo le dijo que si escapaba lo matarían o atacarían a su familia. Fue secuestrado durante diez días. En uno de los desplazamientos por la selva, huyó. El 2 de abril, hombres armados fueron a su vivienda a buscarlo. No lo encontraron, pero sí a su hermano, L.G.C., y se lo llevaron a la fuerza. Este logró escapar por el río, pero le dispararon y ahora tiene una herida en el rostro que aún le duele cuando habla y cuando recuerda.
El domingo 15 de julio, al final de otro fin de semana que parecía tranquilo, una noticia alteró la vida de la provincia de Putumayo: el Gobierno Peruano decretó estado de emergencia por 60 días. El Decreto Supremo 075-2018-PCM no lo dice expresamente, pero fuentes militares de este Diario confirmaron lo obvio: que la medida era la única manera de establecer algún control en las orillas del río Putumayo, en el lado peruano de la frontera, ante la presencia de hombres armados peruanos y colombianos dedicados al narcotráfico, o aliados de grupos disidentes de las FARC, o ambas cosas.
No es primera vez, en estos últimos años, que se establece estado de emergencia en algún punto de la frontera con Colombia. En setiembre del 2014, por ejemplo, se dictó esa medida para los distritos de Ramón Castilla y Yavarí, en la provincia de Ramón Castilla. Estas localidades se ubican también justo al frente de suelo colombiano, y muy cerca también del límite con Brasil. En julio de ese año, en Panchococha (en los alrededores de Caballococha, una de las ciudades más grandes de la zona), un grupo de la Policía Antidrogas regresaba a su base luego de haber destruido dos laboratorios de cocaína. De pronto, se desató un enfrentamiento con narcotraficantes y murió el mayor PNP Rudy Falcón Salguero.
La sede de la Policía Antidrogas de Caballococha se ubica en el angosto camino por el que se accede, a pie o en mototaxi, a Cushillococha, uno de los focos de siembra de hoja de coca en esta zona. Cuando este Diario recorrió el lugar, en octubre del 2014, autoridades y comuneros indígenas de Cushillococha reconocieron que siembran coca (y la venden sin preguntar quién la compra) por necesidad, aunque en áreas reducidas. Más tarde, un comandante de esa base policial los contradijo y comentó que el negocio es muy amplio y muy dinámico. “El narcotraficante desayuna en el Perú, almuerza en Colombia y cena en Brasil”, dijo. La metáfora no es exagerada. Julio Khan, por entonces alcalde de Caballococha, había dicho hacía poco a un periodista colombiano: “Este es el lugar de descanso de los narcos”.
Lo cierto es que en esta frontera nadie descansa: el flujo de drogas en la triple frontera es igual de activo que el comercio. También el cultivo de hoja de coca: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en esta zona hay alrededor de 1.100 hectáreas de coca cultivadas. Es una cantidad reducida si se compara, digamos con el Vraem, donde hay cerca de 20 mil hectáreas; sin embargo, sí representa un cambio radical en una zona donde pocos años atrás las únicas actividades económicas eran la pesca y la venta de abarrotes de una frontera a otra.
La frontera con Colombia volvió a ser noticia este lunes, a partir de una foto que permite varias lecturas. En la imagen se ve, en un segundo plano, al presidente Martín Vizcarra caminando –tenso, podría decirse- cerca del pequeño avión del que acaba de descender en Güeppí; lo acompañan los ministros de Interior y Defensa, y altos mandos de la Policía Nacional y el Ejército. En primer plano, de espaldas, se ve a un grupo de hombres sentados en el piso, mirando en dirección a la comitiva presidencial. Un acercamiento a la foto permite notar que estos hombres están con las manos atadas: una misma soga de nylon los une a todos en una fila lateral. Otras fotos, que fueron publicadas después, muestran a un grupo grande de hombres en esa misma posición alrededor de un pequeño aeropuerto. En una intervención donde participaron cerca de 300 policías y militares peruanos, se intervino a 51 personas, 40 de nacionalidad colombiana. También se destruyeron cuatro laboratorios de droga.
«Desde que tomamos conocimiento que en esta región de la selva peruana, en la frontera del Putumayo, teníamos problemas de seguridad por incursiones de ciudadanos de Colombia y Ecuador, se determinó la necesidad de una intervención”, dijo Vizcarra en una breve conferencia de prensa en la orilla del turbio Putumayo. Los detenidos esperaban dentro del avión policial que los trasladó a Iquitos, donde continuarían las investigaciones.
Esa misma mañana, casi al mismo tiempo que Vizcarra celebraba el éxito del operativo antidrogas, el alcalde de Putumayo, Segundo Julca, conversaba por teléfono con este Diario con un tono de voz más bien serio. Él no estaba en la frontera, sino en la ciudad de Iquitos, y tenía mucho temor de regresar a su provincia desde que esta fue declarada en estado de emergencia. En ese pueblo chico –con su respectivo infierno grande- todos comentan que el Gobierno tomó tal medida tras las denuncias de Julca respecto a la presencia de grupos armados. Tiene miedo, sobre todo, por las amenazas que ha recibido en las últimas semanas vía mensajes de texto: “No creas que me he olvidado de ti (…) Acá todos te conocemos (…) Te estás salvando, tienes muchas vidas (…) De esta semana no pasas…”. Pero quizá la frase que le escribieron y que más lo atormenta es: “Hasta pronto”. Es una manera irónica y cruel de decir que este problema no ha terminado, ni para él ni para nadie.
Denuncian que grupo armado capta a peruanos en la frontera
Neider Jhonny Machacury Jota, un colombiano de 19 años, soltero y con educación primaria incompleta, fue detenido por la policía el 15 de abril de este año a pocos metros de un colegio estatal en la localidad de Soplín Vargas, perteneciente al distrito de Teniente Manuel Clavero, en Loreto. Para tener una referencia: se trata de un centro poblado remoto, ubicado a orillas del río Putumayo y a muy poca distancia de Colombia. En esa localidad, hay más ciudadanos colombianos que policías peruanos.
La presencia de Machacury llamó la atención porque, según policías de la comisaría de Soplín Vargas, cuyos testimonios fueron incluidos en la carpeta fiscal a la que accedió El Comercio, este conversaba con dos menores de edad e intentaba convencerlos de unirse a los grupos disidentes de las FARC que operan en distintos puntos de la frontera. Les ofrecía dinero e instrucción en el manejo de armas.
Machacury dio dos versiones. Primero, dijo que un cabecilla de las FARC, a quien identificó como ‘Comandante Sousa’, lo reclutó a fines de marzo de este año y lo obligó a captar a jóvenes peruanos. Según le dijo ‘Comandante Sousa’, debía llevar “cinco manes” (hombres) hasta un punto conocido como Caño de Pacora, a media hora en bote desde la comunidad de Puerto Veliz; si no lo hacía, lo mataría.
(El Comercio, 30 de abril de 2018)
La ilegalidad al límite
La sede de la Policía Antidrogas de Caballococha (provincia de Ramón Castilla, en Loreto, en el Trapecio Amazónico) se ubica en el angosto camino por el que se accede, a pie o en mototaxi, a Cushillococha, uno de los focos de siembra de hoja de coca en esta zona. Cuando El Comercio recorrió el lugar, en octubre del 2014, autoridades y pobladores indígenas de Cushillococha reconocieron que siembran coca (y la venden sin preguntar quién la compra) por necesidad, aunque en áreas reducidas. Un comandante de esa base policial los contradijo y comentó que el negocio es muy amplio y muy dinámico. “El narcotraficante desayuna en el Perú, almuerza en Colombia y cena en Brasil”, dijo.
(El Comercio, 14 de noviembre de 2015)
Foto superior: Ernesto Benavides
Vértigo en el trapecio
Trapecio Amazónico suena a nombre de chingana, pero es una de las zonas más complicadas en la lucha contra el fenómeno narco en el Perú. Fui a esta zona, específicamente a Caballococha y sus alrededores, en un viaje que, por la distancia y el tiempo y la situación que allá se vive, parecía que a uno lo transportara a otro momento de la historia peruana reciente. Días después regresé en un bote -les llaman ‘rápidos’- en un recorrido de 13 horas por el Amazonas hasta Iquitos, y en el camino nos iban comentando sobre robos a las embarcaciones: narcos que roban a narcos, ladrones que quisieran ser narcos pero no les alcanza el talento, narcos que quisieran ser delincuentes comunes pero ya están muy metidos, etc. Ya en Lima, me enteré de que, dos días después, en el mismo rápido en el que viajé, habían matado a un policía en medio de un asalto.
(Revista Somos, 13 de octubre de 2014)
Aguas turbias en el Putumayo
La alerta llegó el Viernes Santo: pobladores del caserío Mario Rivera (en la provincia de Ramón Castilla) denunciaron ante el comando de la Marina de Guerra en Iquitos que un narcotraficante colombiano, identificado como ‘Javier’, había incursionado en la zona para —alternando promesas con amenazas y chantajes— inducir a los campesinos del lado peruano a que cultivasen hoja de coca. Que él luego compraría toda la producción, les explicó. Que la procesaría en su país, les dijo. Que una vez convertida en cocaína la vendería a través de negociantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Que así funciona el negocio, les advirtió. Y que así seguirá funcionando, quieran o no. En las riberas del Putumayo elegir es un lujo.
(El Comercio, 23 de mayo de 2010)
Los marginados del mapa político
En las 80 localidades fronterizas del país vive casi el 5% de la población peruana. Son personas que cantan el Himno Nacional pero nunca han visto a un congresista, jamás a un ministro. Cada una de estas regiones carga el peso del olvido y de una crisis que parece eterna. Son los bordes mal cosidos de un país. ¿Qué hace el Estado por ellas?
(El Comercio, 29 de julio de 2008)
–FOTOS: El Trapecio Amazónico, un nuevo foco del narcotráfico
–La hoja de coca ilegal es erradicada en el Trapecio Amazónico
erreleon.com 
1 comentario en “Vértigo en el Trapecio Amazónico”